Uno de los principales temas dentro de la historiografía agraria mexicana es el de la reforma agraria. Resultado del movimiento armado iniciado en 1910, esta reforma ha sido estudiada en miles de páginas en donde se destacan las políticas impulsadas por el Estado posrevolucionario, el número de hectáreas repartidas, los problemas que trajo su puesta en práctica y su culminación con la promulgación de la reforma al artículo 27 constitucional en el año de 1992, por solo mencionar algunos de los aspectos que se han abordado. Este último punto, el fin de la reforma agraria, es el objeto de estudio de la obra que aquí se reseña.
Los últimos años de la reforma agraria mexicana es un libro que nos presenta una historia política de los últimos 20 años del reparto agrario. Desde una perspectiva en donde se conecta lo regional con lo nacional, este trabajo busca rebasar la interpretación que sitúa como grandes protagonistas del fin de la reforma agraria a las políticas neoliberales impulsadas en México desde la década de los años ochenta y al autoritarismo del régimen de partido único, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En contraposición con esta postura y como una de las principales contribuciones de esta investigación, el autor realiza una crítica puntual a la estatolatría de cierta historiografía que ha centrado su análisis en la figura presidencial, en las políticas estatales y en la historia de la reforma agraria dividida en sexenios, para poner mayor atención en los cambios demográficos y económicos, así como en el papel de los actores, específicamente “en los enemigos de la reforma agraria” (p. 20), por lo que, en última instancia, se trata principalmente de una historia política de los conflictos entre el antiagrarismo de los hacendados-empresarios expropiados y el Estado posrevolucionario, “en especial contra el presidencialismo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)” (p. 21), que culminó con el triunfo de los primeros.
Para explicar dicho triunfo y a partir de una diversidad de documentos de archivo, informes, memorias oficiales, hemerografía y entrevistas; Luis Aboites tiende un puente entre los conflictos agrarios ocurridos en el noroeste del país, específicamente en los Valles de Culiacán (Sinaloa) y del Yaqui/Mayo (Sonora), entre los años 1971-1976 y los cambios constitucionales al artículo 27 constitucional en 1991, promovidos por el entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. Esta propuesta metodológica permite al autor proponer que este episodio va más allá de la decisión del gobierno en turno y analizarlo como un fenómeno complejo en donde se articularon una serie de factores políticos, económicos y demográficos, de carácter regional y nacional, que acontecieron a lo largo de dos décadas y cuyo punto culminante fue la extinción del reparto de tierras, uno de los principales hitos de la historia del México del siglo XX. En esta interpretación radica parte de la originalidad de la obra.
Siguiendo esta idea, Aboites formula cuatro hipótesis que desarrolla y comprueba a lo largo de la narrativa. La primera de ellas consiste en explicar el fin de la reforma agraria mexicana “como indicio del poderío de las coaliciones locales” (p. 273) formadas por los propietarios privados y los gobernantes estatales. La segunda, postula que los conflictos agrarios suscitados entre los años 1971-1976, en el noroeste del país, reorganizaron el viejo antiagrarismo y lo modernizaron. Este antiagrarismo moderno se distinguía de su antecesor porque no buscaba (re)constituir el latifundismo, su principal reclamo era de carácter político-ideológico, siendo su bandera el respeto a la propiedad privada. La tercera hipótesis establece que la conclusión de la reforma agraria y la ausencia de la protesta rural a esta medida fueron la consecuencia de dos factores: los cambios de la geografía agrícola y la desagrarización del campo mexicano. Finalmente, en el cuarto supuesto se plantea que dicha extinción formó parte de una lucha más amplia por el poder político a nivel nacional en donde el elemento crucial eran las facultades legales con que contaba el presidente de la República como máxima autoridad agraria, en ese sentido, terminar con la reforma agraria garantizaría la protección a la propiedad privada, pero también restaba poder a la institución presidencial.
El libro se encuentra dividido en seis capítulos. En los primeros cuatro se da énfasis a la cuestión agraria tanto a nivel regional como nacional, mientras que en los últimos dos se presentan diversos aspectos de la política nacional.
En el capítulo uno se da cuenta del primer contendiente de esta lucha: los agricultores del noroeste (propietarios, empresarios y pequeños productores) y los trabajadores de la zona. En donde se subraya la importancia de la situación geográfica, lo que posibilitó que la región tuviera un rápido crecimiento agrícola, convirtiéndose en “la joya de la corona del afán productivo del Estado posrevolucionario” (p. 62). En contraste con la zona centro y sur del país en donde predominaba la agricultura de subsistencia, el noroeste contaba con una agricultura más tecnificada lo que la convirtió en una de las zonas más ricas del país.
En el segundo capítulo se presenta al otro contendiente de la disputa: el Estado posrevolucionario a principios de los años setenta, o mejor dicho, lo que el autor define como el agrarismo gubernamental (políticas, medidas, discursos, símbolos, p. 83), que generó una serie de inconformidades, en un contexto de declive de la economía rural y de “una administración federal, débil y desesperada, signo del ocaso del Estado posrevolucionario” (p. 99).
Una de esas inconformidades se presentó en los Valles de Culiacán y del Yaqui/Mayo en los años 1975-1976, cuando el gobierno del presidente de la república, Luis Echeverria, expropió poco más de 37 200 hectáreas de riego, lo que provocó la movilización de los agricultores expropiados, quienes a través de paros de labores, instancias legales como el juicio de amparo y negociaciones con autoridades federales, intentaron frenar la medida, cosa que no ocurrió. Esta contienda que tuvo como trasfondo la promulgación de la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971 y una serie de invasiones de tierras ocasionadas por la dilación en el trámite de los expedientes agrarios, se aborda en el capítulo tercero.
Por su parte, en el cuarto capítulo se tratan las consecuencias a corto y mediano plazo que dejaron los acontecimientos de fines de 1976; específicamente se pone el foco en el pago de millonarias indemnizaciones a los propietarios afectados, punto que siguiendo al autor, representaba una reforma agraria cada vez más costosa, no solo a nivel económico, lo que a la larga la convertía en inviable, sino también a nivel político por la serie de conflictos que se generaban con los propietarios y sus aliados. Ambos aspectos serían signos de la debilidad del Estado posrevolucionario para continuar con la reforma agraria.
Por lo que toca al capítulo quinto, se estudia la década de 1980 en dos ámbitos: el rural y el político. En el primero se pone énfasis en la desagrarización del campo mexicano manifestada en la disminución de la población y de su aportación a la economía nacional. Mientras que en el terreno de la política se está ante el “declive del Estado posrevolucionario y el ascenso político de empresarios” (p. 189), junto con el avance electoral del Partido Acción Nacional (PAN), organización política conservadora fundada en 1939, en algunas zonas del país, principalmente el norte. En este proceso destacaron liderazgos regionales que escalaron a la palestra nacional como Manuel Clouthier, líder agrícola oriundo de Culiacán que se convirtió en candidato del PAN a la presidencia de la república en 1988.
El último capítulo reconstruye el proceso legislativo por medio del cual se reformó el artículo 27 constitucional que puso fin a la reforma agraria, lo que también representó la extinción de las facultades del presidente de la república en la materia, recordar que desde 1915 la legislación lo contemplaba como la máxima autoridad agraria del país; además de “otorgar mejores garantías a la inversión privada en el campo” (p. 240). En este procedimiento destaca la alianza de dos viejos adversarios, el PRI y el PAN, para aprobar la iniciativa del presidente de la república y la nula o poca resistencia por parte de las organizaciones campesinas, todo ello como resultado de la serie de factores mencionados.
El aporte de la obra no es menor, puesto que, además de proponer una manera distinta de acercarse al tema, deja abiertas diversas líneas de investigación con respecto a los últimos años de la reforma agraria mexicana, periodo poco estudiado por los historiadores. Algunos de esos temas son los fraccionamientos simulados, el arrendamiento de tierras ejidales, la desagrarización del campo, la renovación o surgimiento de un nuevo antiagrarismo y el uso de las instancias de la justicia federal, por parte de los elementos inconformes con el reparto de tierras; tópicos que bien pueden pensarse para otras latitudes de América Latina. En ese sentido, Los últimos años de la reforma agraria mexicana, representa una importante contribución a la historiografía agraria mexicana y a la de aquellos países en donde se llevaron a cabo reformas agrarias, porque permite (re)pensar la serie de actores y factores que influyeron en su culminación, más que en la sola acción de los Estados nacionales.
Resenhista
Nicolás Vázquez Ortega – El Colegio de México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7795-6030
Referências desta Resenha
ABOITES, Luis. Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991: una historia política desde el noroeste. Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2022. Resenha de: ORTEGA, Nicolás Vázquez. Historia Agraria De América Latina, v. 3, n. 2, p. 160-163, nov. 2022. Acessar publicação original [DR]
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