Ciudadanías y representaciones políticas | Claves – Revista de Historia | 2016
En 2016 se cumplen cien años de la adopción del voto secreto universal masculino como instrumento electoral en el espacio rioplatense. En Argentina se había sancionado en 1912 la Ley 8.871 –más conocida como Ley Sáenz Peña- que se aplicó por primera vez en las elecciones presidenciales del 2 de abril de 1916. Cuatro meses después en Uruguay, el 30 de julio, con normas similares se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que entendería en la reforma de la Constitución de 1830.
Ambos hechos produjeron consecuencias políticas de enorme trascendencia en su momento y son considerados por la historiografía como episodios cimeros en los procesos de construcción de sistemas democráticos en ambos países. No solamente porque elevaron notablemente el nivel de participación electoral, sino porque determinaron nuevos escenarios políticos que, en el caso uruguayo, significaron abortar o modificar los planes de reformismo político y social que impulsó el sector partidario liderado por José Batlle y Ordoñez.
La celebración de este centenario nos convoca a reflexionar y debatir sobre los proceso de construcción democrática-republicana en Iberoamérica. Dicha evolución, que tuvo avances y retrocesos, se expresó a través de múltiples formas. En este sentido, los artículos reunidos en este dossier dan cuenta de distintas modalidades de construcción de ciudadanía, de participación política y de representatividad, que incluyen otros canales de acción política además de los tradicionalmente vinculados a ello. En las últimas décadas, en el marco de la renovación teórica-metodológica que ha experimentado la Historia política, se viene problematizando la noción de ciudadanía. Estudios actuales han puesto en evidencia la historicidad del concepto “ciudadanía” y la multiplicidad de aspectos que éste encierra. En efecto, ella comprende el análisis de un conjunto de prácticas que sobrepasan la participación formal de los sujetos en la política, fundamentalmente a través del sufragio (su noción más clásica y restringida). La ampliación de este concepto permite incluir en este apartado el análisis de prácticas políticas y cívicas de quienes, en el siglo XIX, estuvieron excluidos de la ciudadanía o no apostaron a la participación electoral como forma de incidir en el ámbito de “lo político”.
Este apartado reúne ocho artículos, seis de ellos sobre temas relacionados al territorio que ocupa hoy Uruguay, uno de ellos al de México y otro a la actual Venezuela. A excepción del artículo de Javier Correa, que refiere a la Historia Reciente y el de Alexandre de Oliveira Bazilio de Souza, que analiza un proceso que llega a las primeras décadas del siglo XX, los restantes se detienen en el siglo XIX. La pluralidad de abordajes de este período es ejemplo de la emergencia de una historiografía que, a partir de las nuevas claves interpretativas que ha traído consigo la renovación en la Historia política, problematiza los postulados de corte nacionalista que han caracterizado los estudios de los procesos de construcción estatal en América Latina. Y también, presta atención a cuestiones referidas al lenguaje político, a las prácticas de participación, al asociacionismo, a las redes políticas, a las actividades de las milicias, a las formas de movilización colecticas de la población civil, entre otros temas.
La sección se abre con un artículo de Pablo Ferreira que investiga los nexos de las experiencias milicianas con los procesos de construcción de ciudadanía, más concretamente durante la breve etapa en que el artiguismo gobernó la ciudad de Montevideo (1815-enero 1817). Tomando como objeto de estudio el motín de los cívicos ocurrido en setiembre de 1816, con un trasfondo pautado por la invasión lusitana y el enfrentamiento del Cabildo de la ciudad con el gobierno de José Artigas, Ferreira propone analizar o pensar la milicia como ciudadanos en armas en un ámbito hostil o indiferente a un proceso revolucionario, que vivía su etapa más radical. A lo largo de su trabajo recorre las etapas de creación y arraigo de las milicias cívicas y explana sobre los espacios de la política montevideana en el referido bienio. Finalmente, a partir del análisis del ya mencionado motín, avanza en el conocimiento de los sujetos y las formas que adoptó la vida política en la ciudad, en instancias cruciales donde confluyeron las motivaciones políticas de algunos personajes notables, con la defensa de antiguos derechos sostenidos por ciudadanos que desempeñan el rol de milicianos.
El artículo de Carlos Bustamante indaga sobre la peculiar situación ocurrida en la provincia de Tlaxcala, México, luego de un primer período de vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812. En la ciudad del mismo nombre, capital de la provincia, al restaurarse en 1815 el régimen colonial, el cacicazgo indígena intentó reinstalar el ayuntamiento indio y el gobierno político y militar –desaparecido en el bienio 1812-1814-, tal y como funcionaban desde 1793. Se amparaban en viejas prerrogativas concedidas por la corona española siglos atrás -posesión patrimonial de las tierras, inexistencia de encomiendas y de servicios personales, apelaciones directas al Rey en algunos casos-, que otorgaban a dicho ayuntamiento fueros autonómicos únicos, con lejanos antecedentes enraizados en el período pre hispánico dominado por los aztecas. En tales afanes de preservación autonómica también participaron, con otra óptica, mestizos y criollos que accedieron a cargos concejiles en las primeras elecciones realizadas bajo el régimen constitucional, desplazados tras la restauración borbónica. El autor incursiona documentadamente en un marco histórico en el que se reactivaron antiguas formas de privilegios, en paralelo a la revolución emancipadora y un convulso proceso de centralización administrativa del gobierno.
Otra experiencia electoral hispanoamericana analizada en esta sección tuvo lugar en las provincias neogranadinas y venezolanas entre 1820 y 1821, para elegir representantes al Congreso de Cúcuta, que reunido entre mayo y octubre de 1821 aprobó la Constitución de la República de Colombia, más conocida como Gran Colombia. El trabajo de Ángel Rafael Almarza parte de las repercusiones en América de la revolución liberal española de 1820, en cuyo contexto negocian liberales españoles y americanos los tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra firmados a fines de ese año, casi coincidentemente con el inicio del proceso electoral mencionado. El trabajo de Almarza se focaliza en los comicios que se realizaron en las misiones de la cuenca del Río Caroní, en la Provincia de Guayana (Venezuela), para elegir representantes provinciales a dicho congreso. El autor conceptúa las elecciones de 1821 como un aporte esencial para la conversión del sistema representativo colombiano en un proyecto viable y duradero. A partir del estudio de una experiencia concreta, reflexiona sobre la importancia y también las limitaciones de los procesos electorales como mecanismos innovadores, que permitían a los ciudadanos de la naciente república colombiana elegir representantes en años de difícil convivencia política y aprendizaje republicano.
El artículo de Gerardo Caetano, a través de un recorrido sobre los principales episodios del proceso político iniciado con la creación del Estado Oriental de Uruguay hasta 1890, analiza la relación entre las dos familias ideológicas más importantes del período: el liberalismo y el republicanismo. En un análisis que incorpora las posibilidades teórico-metodológicas que ofrece la Historia conceptual al estudio de las ideas políticas, el autor deja entrever las contradicciones “en las posturas ideológicas manejadas por los actores, tanto individuales como colectivos”. Este análisis del lenguaje político decimonónico, permite a Caetano demostrar la prevalencia del liberalismo como “concepto fundamental” hasta fines de esa centuria. Afirmación que no implica desestimar la presencia de ciertas nociones propias del republicanismo. Pero sí, concluir que el “momento republicano que en buena medida matrizó la democracia uruguaya contemporánea, se desplegó fundamentalmente entre 1890 y 1930, con la reformulación del debate político y social provocado por las controversias que generó el amplio programa de reformas impulsado por fuerzas políticas y sociales como el “primer batllismo”, el socialismo y otras corrientes progresistas del Novecientos”.
Carlos Demasi también se aboca al estudio de un período similar de la historia política uruguaya, pero haciendo foco en el tercer cuarto del siglo XIX. El autor llama la atención sobre cómo varias de las personas que ocuparon la Presidencia de la República durante ese período, no manifestaron su deseo de hacerlo. La designación de tales personas, según consigna Demasi, es reflejo de una determinada concepción de la política, pero sobre todo de la compleja relación entre partidos y representación. En efecto, esta situación se produce, según el autor, porque prevalece una forma de concebir a la política -y sobre todo el cargo de Presidente- como gestión, y en la medida en que la política electoral adquiera relevancia para generar cambios sociales, recién cobraría importancia quién es electo para llevarlos a cabo. Esta hipótesis lo conduce a hacer un análisis de las prácticas electorales y del lugar (o no lugar) que ocupaban los partidos políticos en la época. El artículo ofrece la oportunidad de “explorar los fundamentos de la legitimidad de los partidos, tan admitida hoy y tan rechazada en el pasado”. Interpela con ello a la historiografía tradicional que ha contribuido a la formación y consolidación de un imaginario colectivo en torno a la génesis y al papel protagónico de los partidos políticos Blanco y Colorado en la construcción del Estado uruguayo, que incluso en el caso del historiador Pivel Devoto, anteceden al propio Estado.
El artículo de Gustavo Goldman atiende a un tema escasamente abordado por la historiografía uruguaya hasta el momento, el asociacionismo de un grupo de afrodescendientes montevideanos a mediados de la segunda mitad del siglo XIX. El asociacionismo constituyó una posibilidad de activismo político para quienes estaban al margen de los canales tradicionales de la política y en el caso puntual de los afrodescendientes un camino “para alcanzar una posición de igualdad en la sociedad.” Goldman analiza cómo en el contexto previo a las elecciones de 1872, a través de dos asociaciones, el Club de la Igualdad y el Club de la Defensa, un grupo de afrodescendientes procuró presentar a la Cámara de Representantes un candidato que defendiera sus intereses. En procura de ello, a la formación de estos clubes políticos se sumó la publicación de un órgano de prensa para difundir sus ideas. Asimismo, conscientes de la necesidad de tejer alianzas con quienes ostentaban la hegemonía del poder político, cada club se vinculó a distintos sectores del partido Colorado: el Club Igualdad a los “principistas” y el Club Defensa a los sectores más conservadores. Ante el fracaso de las gestiones con estos grupos colorados, algunos plantearon la posibilidad de crear un “partido negro” independiente. Esta experiencia de politización del colectivo afrodescendiente en Montevideo permite visualizar un escenario electoral más heterogéneo del que se suele tener presente. Además de dar cuenta del advenimiento de un nuevo modo de concebir la política, en la cual el sufragio, las elecciones y la representatividad, comenzaban a visualizarse como los caminos para lograr un cambio en la sociedad, incluso para quienes eran los más excluidos.
En el siguiente trabajo, tras reseñar los orígenes y la evolución normativa referida a la participación de los jueces de paz en los actos electorales durante el siglo XIX, Alexandre de Olivera Bazilio de Souza se interna en las polémicas parlamentarias que precedieron a la creación de la Corte Electoral en Uruguay. Esa larga experiencia judicial vinculada a las elecciones fue intensamente discutida hacia finales del siglo XIX y principios del XX. A través de las intervenciones de legisladores de diversos sectores partidarios surgen condenas, pero también se evidencia una “supervaloración” del sistema político referida al rol electoral de los jueces. No obstante, la norma que creó el principal organismo electoral uruguayo lo instituyó como un cuerpo ajeno al Poder Judicial y, expresamente, prohibió que sus miembros lo integraran. Esta aparente contradicción es analizada por Souza en la última parte de su trabajo, confrontando visiones encontradas sobre ventajas e inconvenientes esgrimidos sobre la administración judicial del sufragio, señalando preceptos que pudieron influir para apartar a los magistrados de la función electoral.
En el último artículo, Javier Correa se distancia cronológicamente de los otros que comprende este apartado, en tanto centra su estudio en la participación política durante la última dictadura civil-militar de Uruguay. A partir del análisis de la actuación de la Junta de Vecinos de Durazno, Correa demuestra cómo bajo régimenes dictatoriales-represivos se preservaron espacios para la participación política de civiles. El estudio permite acercarnos a una faceta hasta el momento poco tratada por las investigaciones en torno a la Historia Reciente. El régimen civil-militar, en procura de legitimación, habilitó espacios de participación a civiles, como lo fueron las Juntas de Vecinos departamentales. En el caso de la de Durazno, a la que refiere este artículo, sus integrantes “se mostraron en esos años firmemente convencidos que su tarea, como «buenos ciudadanos» (verdaderos patriotas) era apoyar al gobierno que los había convocado.” Asimismo, el análisis de las trayectorias vitales de algunos de estos “vecinos” permite al autor establecer vínculos entre los niveles nacional y local con el régimen: “la integraron miembros de la Asociación Rural, el pachequismo, el herrerismo y de otros sectores independientes o “apartidarios” que sí pudieron participar en política, ejercer una serie de derechos que estaban vedados para una cantidad importante de personas, e identificarse como (buenos) ciudadanos.”
Una lectura en conjunto de estos trabajos nos permite constatar algunas líneas argumentativas que los atraviesan. Las investigaciones sobre comienzos del siglo XIX dan cuenta de cómo en el período revolucionario convivieron nociones de representatividad y de acción política propias del período colonial, con nociones modernas de ciudadanía. Otros artículos nos permiten visualizar cómo para fines del siglo XIX, cuando las elecciones comienzan a cobrar fuerza como instrumento legítimo para resolución de los conflictos políticos, crece en heterogeneidad el electorado, se institucionalizan los partidos políticos como los intermediarios necesarios en la representatividad y se pone en cuestión las normas jurídicas que rigen los comicios, en aras de una mayor transparencia. Los análisis abordan también procesos que están estrechamente ligados a la consolidación y los desafíos de la democracia como forma política en el país durante el siglo XX.
Para finalizar, conviene tener presente que en momentos en que la democracia adquiere nuevas modalidades de expresión, al tiempo que se encuentran debilitados o cuestionados algunos de sus principios constitutivos, reflexionar sobre su devenir histórico resulta una importante contribución para la comprensión de las realidades actuales.
Organizadores
Inés Cuadro Cawen – Universidad de la República.
Clarel de los Santos – Universidad de la República.
Referências desta apresentação
CAWEN, Inés Cuadro; SANTOS, Clarel de los. Presentación. Claves. Revista de Historia. Montevideo, v.2, n.2, p. 1-7, ene./jun. 2016. Acessar publicação original [DR]