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En 1991 Ana María Lorandi y Sara Sosa Miatello publicaron en la revista Memoria Americana: “El precio de la libertad: Desnaturalización y traslados de indios rebeldes en el siglo XVII”, artículo en el cual se centraron en el análisis de un pleito judicial por la encomienda y estancia de Guaco, en jurisdicción de La Rioja. 1 Su intención fue ilustrar con este caso de estudio, el proceso de escala regional de desestructuración de la comunidad y pérdida de la identidad indígena, provocada por las desnaturalizaciones una vez concluidas las guerras calchaquíes a fines del siglo XVII. Tres décadas después, es publicado el libro objeto de esta reseña: Tribunales revisitados: Caciques, mandones y encomenderos de La Rioja Colonial por Marisol García. En esta investigación, el pleito judicial por la encomienda y estancia de Guaco es “revisitado” a partir de nuevas preguntas y aportes desarrollados en el campo de la historia colonial y etnohistoria de la región del Tucumán, que a su vez se ven iluminadas al incorporar expedientes judiciales inéditos2 y la Visita del oidor don Antonio Martínez Luján de Vargas a las encomiendas de La Rioja y a Catamarca, ambas publicadas. 3

La autora, a partir del caso, se propone abordar el problema general de la participación indígena en la justicia colonial, así como las transformaciones de los pueblos de indios en la Gobernación del Tucumán. El pleito de Guaco, muy documentado en relación a otros, refleja la compleja trama de la sociedad colonial de fines del siglo XVII de la región. El encomendero, Isidro de Villafañe era un poderoso vecino de La Rioja que fue beneficiario de una encomienda de indios, que incluía desnaturalizados, hasta su muerte en 1674. La encomienda estaba compuesta por parcialidades malfines, andalgalás y anexos procedentes del oeste catamarqueño. Estos grupos étnicos, emparentados y aliados, habían sido los principales protagonistas del “Gran Alzamiento diaguita” (1630-1643) y, luego de su derrota, fueron desnaturalizados. Fue Villafañe quien asentó a sus encomendados en su estancia de Guaco, en el valle de Sanagasta. En este sitio permanecieron por 25 años, hasta que la muerte de su encomendero perturbó su continuidad. Al fallecer Villafañe y su esposa en el año 1674 sin descendientes, se desencadenaron dos pleitos judiciales – muy relacionados entre sí – por la sucesión de la encomienda, del pueblo y de la estancia de Guaco. Uno de los expedientes es un pleito originado por la fragmentación de la encomienda de malfines y andalgalás entre distintos vecinos; el otro tiene como objeto de litigio a la estancia y pueblo de Guaco, así como las intenciones de traslado de los encomendados. Lo interesante es que el pleito no sólo enfrentó a las familias más poderosas de la jurisdicción, sino también a las autoridades étnicas de las parcialidades que componían la encomienda. Por un lado, Francisco Gualcusa, un indio mandón, buscaba establecer la residencia en las “tierras ancestrales” de donde habían sido extrañados en Andalgalá, mientras que por otro lado, Gerónimo Pibala y Pedro Aballay, caciques, reclamaban permanecer en el pueblo de Guaco, siendo que en 1667 el Gobernador les había otorgado la mitad de las tierras de la estancia para su beneficio y subsistencia. Leia Mais