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El libro Desarrollo y Desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política, de Javier Rodríguez, podría considerarse uno de los mayores aportes que se han hecho en el marco de la historia económica chilena en general, y sobre la desigualdad en particular. En realidad, lo es desde su título, pues su análisis versa sobre economía política, disciplina que no cuenta con muchos seguidores a nivel mundial, y mucho menos en Chile, donde predominan los estudios monetaristas que tienden a presentar los problemas económicos simplemente como ajustes o desajustes de mercado. El libro se divide en siete capítulos, más una introducción, conclusión y un apéndice metodológico. Los dos primeros capítulos son de tipo explicativos, en el sentido que otorgan un marco conceptual y contextual sobre qué debemos entender por desigualdad, su relación con el desarrollo y por qué Chile se constituye en el caso de estudio. En los siguientes, que el autor enmarca según cinco ciclos económicos (1850-1873; 1873-1903; 1903-1938; 1938-1970; 1973-2009), se entregan las claves de mercado e institucionales que incidieron en la desigualdad distributiva que alcanzaron los distintos agentes participantes en el mercado, pero también cómo éstos ejercieron y consolidaron su poder. Dos períodos son de particular importancia para la obra: los períodos que transcurren entre los años 1903-1938 y 1973- 2009. Ahora bien, el estudio plantea la revalorización de análisis que no solo tengan en cuenta el análisis neoclásico de los problemas económicos, sino que también consideren una causalidad institucional, con el objeto de estudiar los altos niveles de desigualdad presentes y cómo éstos afectarían directamente a la democracia, precisamente, en tiempos en que las demandas ciudadanas se dirigirían a que el Estado satisfaga educación, salud y seguridad. Pero no solo eso, porque el caso de Chile permitiría explicar que el desarrollo no va ligado exclusivamente al crecimiento económico y que la desigualdad no solo obedece a condicionantes objetivos del mercado. Apunta el autor es que la desigualdad en Chile sería un problema estructural, de largo aliento. Dicho lo anterior, ello no habría significado que ésta se presentara de la misma forma o con idéntica profundidad durante los casi 160 años de estudio. También se puede destacar en la obra de Rodríguez, que no sería suficiente una explicación, si se quiere neoclásica, para entender la desigualdad, sino que habría que combinar en el análisis la teoría económica y social, con el conocimiento de las circunstancias históricas. Como bien lo resume el autor en el prólogo de su obra: “Se presenta aquí un estudio histórico, sustentado en evidencia cuantitativa, de la economía política de la desigualdad del ingreso en Chile entre 1850 y 2009” (21). Vale decir, que este no es un estudio en el que se entregan y analizan datos económicos, sino que éstos se presentan y vuelven dependientes del devenir político y social del país. De ahí que se requiera un análisis desde la economía política. Un primer problema al entrar a estudiar estas materias, es que se ha preconizado desde el discurso hegemónico imperante, que la desigualdad no es un problema del mercado, ya que éste no sería más que la perfecta retribución de los distintos factores productivos, en función de la oferta y la demanda existente. La desigualdad, entonces, sería justa al representar de manera fehaciente y eficiente las diferencias de talento y de esfuerzo de cada uno de sus miembros. Por el contrario, Rodríguez –sin caer en una propuesta marxista, aunque no será extraño que más de alguno la caricaturice como tal- propone que los mercados actúan bajo la égida institucional, por lo que éstos se encuentran siempre determinados por las relaciones de poder existentes entre sus agentes. Se propone así demostrar que “aquellas instituciones más antiguas y resilientes –como el régimen oligárquico o la hacienda- no solo han incidido en la distribución del ingreso sino que se han visto afectadas por el conflicto social que las alimentaba (…) Indagaremos también sobre la forma en que el crecimiento económico –con sus ciclos de expansión y recesión-, la urbanización o el cambio estructural, han afectado la distribución de los ingresos; pero también cuál ha sido el papel del Estado, y más en general, de las políticas públicas, en el reparto de los costos y beneficios inherentes a dichas transformaciones. Ello nos permitirá demostrar que fenómenos como el crecimiento, la globalización o el cambio estructural, no solo no tienen resultados obvios sobre la distribución del ingreso, sino que su incidencia depende de las características históricas que asumen y, en particular, de cómo interactúan con las políticas públicas y las relaciones entre los actores sociales, las que adoptan muchas veces una forma conflictiva e, incluso, violenta” (29). Un segundo problema que se observa al intentar estudiar la desigualdad en el largo plazo, es que son escasos los estudios y, sobre todo, la falta de fuentes confiables anteriores a 1950. Así de las tres estrategias más utilizadas que se observan en la literatura para la reconstrucción estadística, entre ella, el análisis de los top incomes, índices de ratios de dos magnitudes y el uso de la antropometría, Rodríguez no se queda con ninguna. Por lo mismo, realiza una reconstrucción estadística del material existente, aunque elaborando al mismo tiempo una base empírica que le permita establecer tendencias en el mediano plazo, así como alcanzar un análisis de la distribución del ingreso en el largo plazo. En particular, el autor elabora series de desigualdad entre 1860 y 1970, las cuales vinculadas con los datos de las encuestas de hogares, le permitió obtener una imagen de las tendencias asumidas por la desigualdad en un siglo y medio de historia. Entonces, construyendo tablas sociales dinámicas que tienen en cuenta cantidades de personas como ingresos, entre diversos sectores sociales y económicos, le permite argumentar respecto a la desigualdad entre distintas categorías sociales, aunque no tanto al interior de las mismas, pues es difícil su desagregación. En este sentido, una tabla dinámica podría no ser del todo correcta para determinar la desigualdad en un año concreto, pero sí podría perfectamente presentar una imagen fidedigna de lo que ocurrió en el mediano y largo plazo. Con todo, no habría que ignorar que, en Chile, la desigualdad se explica, principalmente, por la diferencia en la propiedad de los factores de producción, y no sería extraño pensar que incluso la no desagregación por categorías incidiría mucho más en subestimar la riqueza de las élites que, por ejemplo, de campesinos o asalariados. Ciertamente, porque la élite económica chilena, durante gran parte de la historia, ha poseído activos en forma transversal: mineros, bancarios, industriales y agrícolas. En rigor, el planteamiento de Rodríguez tiene dos ideas matrices. Primero, que, pese a la desigualdad estructural existente, según el momento que se analice, “Chile combinó más o menos crecimiento económico con deterioro o mejora en la distribución con salarios más o menos crecientes o con un sector externo muy o poco dinámico” (88). Segundo, el rol que ha cumplido el Estado chileno en tanto organismo que ha logrado delinear la desigualdad, pues éste se constituyó en modelador de la distribución primaria de mercado1. Por una parte, las menos de las veces, como reductor de la desigualdad (durante el I.S.I.), en tanto dispensador de beneficios sociales y árbitro de las relaciones de poder; de otra, como potenciador de las desigualdad, en la medida que permitió que los agentes económicos empresariales impusieran su propia institucionalidad o que influyeran directamente en ella, cuestión que se habría acentuado ostensiblemente en dos períodos: primero, en lo que va entre los años 1903-1938; y segundo, entre 1973 y 1986. Ambos períodos en los que la democracia no habría tenido lugar, esto es, a principios de siglo XX, bajo un sistema oligárquico, y luego durante la Dictadura Militar. Habrían sido, entonces, esos los momentos en los que la élite volcó a su favor el peso normativo y coercitivo del Estado2. Ahora bien, sería un error plantear que en los otros ciclos económicos la desigualdad no existió. Todo lo contrario, pues como se planteó anteriormente, la desigualdad sería un elemento de largo plazo en Chile. Así, entonces, lo que Rodríguez quiere hacer notar es que, pese a ello, ambos períodos supusieron una reversión a las tendencias de mejora de distribución que se habían producido en décadas anteriores, principalmente mediante dos vías: negando o imponiendo mediante la fuerza un nuevo régimen laboral, como ocurrió durante el período oligárquico y la dictadura militar respectivamente. O bien, la privatización de los recursos públicos en contextos de corrupción u opacidad manifiesta. Da cuenta así Rodríguez, de cómo, por una parte, las reivindicaciones obreras fueron acalladas con masacres durante los primeros años de siglo XX, logrando disminuir el número de huelgas para el período; o cómo durante la dictadura se modificó el Código del Trabajo, prohibiendo así el derecho a huelga o la huelga inter-empresa. Por otra, el autor explica de qué manera las tierras de la región de la Araucanía fueron usurpadas por la élite, pero recubiertas por la corrupción como la opacidad, tal como aconteció durante las privatizaciones de la dictadura durante la década de 1970 y a fines de 1980. En efecto, la tesis que se sostiene es que el vínculo élites-Estado habría contribuido fundamentalmente a una distribución regresiva del ingreso, afirmación que vendría a cuestionar lo propugnado, sobre todo en Chile, de que ha sido el Estado el principal responsable –histórico- de no haber alcanzado el desarrollo y de haber puesto un freno al libre mercado. De hecho, se ha afirmado recurrentemente que las elites empresariales chilenas, una vez rotas las cadenas con el “Estado Socialista”, pudieron desplegar su capacidad empresarial. La Revolución Capitalista que habría operado desde 1973 en adelante, y que habría significado un crecimiento económico nunca antes visto durante los gobiernos democráticos, sería una demostración manifiesta de este hecho. Pero no, el estudio de Rodríguez no hace más que demostrar que los períodos de mayor desigualdad en Chile ocurrieron cuando, primero, parafraseando a Moulian, el Estado fue una continuación de la hacienda, o segundo, cuando éste fue despojado de sus bienes y/o aplicando el miedo y la fuerza a los trabajadores. La idea central planteada por Rodríguez, entonces, y más allá del caso chileno, es que son las fuerzas de mercado, el proceso social y político, pero, ante todo, las relaciones de poder entre los agentes, los que producen los ganadores y los perdedores del proceso productivo. Situación de desigualdad que aumentaría proporcionalmente, al menos en el caso chileno, en la medida que la élite logró controlar el Estado institucionalmente. Sea por control directo o porque logró incidir de manera manifiesta en la legislación. De esta manera, prueba que incluso en momentos en el que las fuerzas del mercado actuaron con mayor independencia de la institucionalidad, fue la “institucionalidad elitista” la que en el ciclo siguiente reconfiguró el mercado, por cierto, para su mayor beneficio. “Y en el caso concreto de la desigualdad en Chile, la importancia de la larga duración no debe subestimarse (…) El deterioro de la distribución del ingreso ocurrido durante la dictadura constituye en realidad el último episodio de una serie en que el Estado ha asumido un papel activo en la promoción de la desigualdad. Ello es consecuencia del control que la élite ha tenido sobre el aparato fiscal desde la Independencia –capacidad que se origina, a su vez, en la Colonia. Este le ha permitido incidir en su beneficio en la conformación de las instituciones políticas y económicas que, junto a las fuerzas del mercado, determinan la distribución del ingreso” (264). Con todo, a mi juicio, lo más valioso del texto de Rodríguez, no solo es que su excelente análisis permite comprender las causas históricas de la desigualdad en Chile, sino que también éstas explican el presente. Esto permitiría comprender que, en Chile, ha sido la élite la que, junto a un mercado concentrado, donde predominan los oligopolios, ha contribuido a delinear la desigualdad, sin importar mayormente el período que se haga mención, pese a que en algunos ciclos su presencia ha sido mayor y más decisiva, logrando con ello que la distribución sea aún más regresiva. Eso explicaría que, en la actualidad, bajo gobiernos que nadie podría catalogar de oligárquicos, se han consolidado las brechas de desigualdad por más que muchas de éstas se encuentren afincadas en amarres económicos constitucionales de la dictadura (Gárate, 2012). A decir verdad, lo que Rodríguez hace es invitar a los lectores, y a los chilenos en particular, a entender que no solo trata de crecimiento, mercado o institucionalidad, por separado. Se trata, en términos mucho más profundos, de entender que el modelo de desarrollo económico está directamente interrelacionado con la democracia. “Por ello, quiénes desde las calles, la academia, la sociedad civil o los partidos políticos, denuncian hoy la elevada desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena, reclaman mucho más que una reforma tributaria, mayor gasto educativo, mejores pensiones o una nueva ley sobre la financiación de las campañas electorales; están pugnando, en realidad, por un cambio en el modelo de desarrollo que dé lugar a una sociedad más justa y a una mejor democracia. Si habrán, o no de conseguirlo, el tiempo lo dirá” (268). Leia Mais